​Las iniciativas impulsadas por Claudia Sheinbaum en México y Robert F. Kennedy Jr. en Estados Unidos para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados están generando impactos significativos en la agricultura de ambos países, promoviendo una transformación hacia sistemas alimentarios más saludables y sostenibles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria y la estrategia “Vida saludable en las escuelas”, que prohíbe la venta de productos ultraprocesados en los planteles educativos. Por su parte, en Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., como Secretario de Salud y Servicios Humanos, ha expresado su intención de eliminar aditivos y alimentos ultraprocesados de las escuelas, calificándolos de “veneno”. Aunque ha aclarado que no busca prohibir estos productos, sí pretende educar a la población sobre sus efectos en la salud y promover cambios en la industria alimentaria .​

Con ello, se vislumbra una oportunidad para que los productores se adapten a las nuevas demandas del mercado, enfocándose en prácticas más sostenibles y saludables.​ Estos serían los impactos en la industria:

1. Cambio en la demanda de cultivos

• Agricultores que cultivan productos frescos podrían beneficiarse con mejores precios y más mercado.
• Productores de cultivos industriales (como maíz amarillo en EE. UU. o caña para refrescos en México) podrían verse afectados por una menor demanda.

2. Impulso a prácticas agroecológicas y orgánicas

Tanto Sheinbaum como Kennedy han hecho énfasis en reducir el uso de agroquímicos. Kennedy, en particular, es crítico del glifosato y apoya la transición hacia sistemas orgánicos. Sheinbaum ha hablado de fortalecer la soberanía alimentaria con métodos tradicionales y sostenibles.

• Quienes ya practican agricultura orgánica o regenerativa encuentran una ventana de oportunidad para escalar su modelo.
• Los agricultores convencionales se enfrentarán a la transición hacia métodos sostenibles como la hidroponía.

3. Reconfiguración del sistema de subsidios

Si los gobiernos priorizan alimentos saludables y cadenas cortas, se espera una reorientación de apoyos e incentivos hacia pequeños y medianos productores, agricultura familiar y local.

• Pequeños productores de alimentos frescos, legumbres, maíz nativo, frutas y hortalizas pueden acceder a apoyos que antes eran limitados.
• Agronegocios vinculados a la agroindustria alimentaria podrían perder ventajas fiscales o subsidios asociados a monocultivos o exportaciones de commodities.

4. Nuevas cadenas de comercialización y valor

• Oportunidad para diversificar ingresos a través de venta directa y precios justos.
• Necesidad de mejorar capacidades logísticas y organizativas para cumplir con estándares de abasto institucional o mercados urbanos.

5. Educación y asistencia técnica: pieza clave

Las políticas públicas contra los ultraprocesados obligan al Estado a invertir en asistencia técnica para el campo, algo que tradicionalmente ha estado rezagado.

• Posibilidad de acceder a capacitación en producción sustentable, técnicas postcosecha, conservación de alimentos y acceso a mercados.
• Retos para agricultores mayores o con bajo nivel educativo, quienes requieren procesos más acompañados y adaptativos.

Estas políticas tienen el potencial de revalorizar el rol del agricultor como proveedor de salud, no solo de alimentos. Pero la transición no es automática: requiere políticas públicas integrales, financiamiento accesible, capacitación y un rediseño del sistema agroalimentario. La clave será construir puentes entre el campo y la mesa, priorizando tanto la salud de las personas como la del suelo y el productor.